EL AMPARO: medio eficaz para proteger los derechos (1)

En una esfera política delimitada con respecto a las otras, y su autoridad estatal se encuentra jerarquizada en rangos que ostentan atribuciones preestablecidas en leyes o disposiciones. Friedrich Engels reseña el contenido y la trayectoria de tal proceso "...Dueños de la fuerza pública y del derecho de recaudar los impuestos, los funcionarios como órganos de la sociedad, aparecen ahora situados por encima de ésta"... "vehículos de un Poder que se ha hecho extraño a la sociedad, necesitan hacerse respetar por medio de las leyes de excepción, merced a las cuales gozan de una aureola y de una inviolabilidad particulares". (El origen, 174).

La autoridad moderna como fundamento del poder o capacidad de actuar ejercida por órganos estatuidos y claramente determinados, se basa en un consenso, supuesto acuerdo legitimador que universaliza un dominio clasista. La separación entre la soberanía, residente en el pueblo, y el ejercicio de ella por órganos especiales, transfiere la voluntad general hacia la autoridad representativa y, a través de ésta, a sus delegados.

DEFINICIONES

AUTORIDAD: Es la consagración social por medio de normas, hábitos y coacciones de una investidura a una persona, un grupo o categoría para que ejerza imperativamente el poder.

ACTOS DE AUTORIDAD

Por antonomasia en nuestro régimen político presidencialista, se considera como expresión de autoridad al órgano gubernativo o Ejecutivo, incluidas sus dependencias y administraciones subordinadas o bajo tutela. En consecuencia, es preciso apelar a un estatuto orgánico como el de Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto Ejecutivo 1634 R.O 411 del 31 de marzo de 1994) para interiorizarnoos en lo que debemos entender como acto de autoridad en la legislación positiva ecuatoriana.

Los actos jurídicos de la Administración pueden ser decisionales, unilateral en su origen y de efecto directo como los actos administrativos; o multilaterales, declarativos de voluntad común, como los contratos administrativos Ambos tienen en común el sustento de autoridad competente para emitirlos y uno de los más graves riesgos para su vigencia, como atestigua la experiencia, proviene del ejercicio del poder, en particular de las autoridades públicas. El frágil equilibrio de la legalidad constantemente se ve afectado por motivaciones diversas bajo presión de intereses instalados en la cúpula de poder, los cuales no vacilan en menoscabar esos derechos para consagrar una estructura de privilegios. Frente a tal realidad, la tutela judicial como garantía de justiciabilidad adquiere toda su dimensión. Sin embargo, es indispensable delimitar con precisión el contenido de esa acción protectora para establecer su aplicación y su alcance.

AUTORIDAD LEGÍTIMA: Es el órgano, institución o funcionario determinado en la ley o en la Constitución , e investido de atribución para adoptar determinadas decisiones, y cuya voluntad se expresa en actos administrativos o jurídicos que producen efecto o causan estado.

La legitimidad de los actos de esta autoridad, debe reunir diversos requisitos, y no meramente de forma u origen, aunque estos sean imprescindibles. Así, la voluntad para tornarse obligatoria y exigible, debe provenir de autoridad investida de tal potestad y en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.

Esa voluntad debe además circunscribirse a la esfera de su competencia por materia, grado, territorio y tiempo, considerando que puede ser delegable o indelegable por naturaleza, lo cual afecta a su contenido, ya que existen atribuciones implícitas a determinadas funciones, y otras eventuales, las cuales pueden o no ser» asumidas directamente.

Pero la voluntad debe sujetarse en su expresión a determinados procesos formativos y a procedimientos de expedición y de aplicación para configurarse plenamente como acto de autoridad, vinculante y exigible a y por la colectividad.

El Tribunal Constitucional estableció al respecto que "...es necesario analizar si el acto materia de impugnación es o no legítimo, sí los requisitos de competencia, contenido, declaración de voluntad, objeto — causa y forma de las que habla de un modo general la doctrina universal del Derecho Administrativo, para que el acto administrativo sea legítimo, perfecto y ejecutoriable, se reúnen en el presente caso" (caso 708-98-RA, primera sala, Pág.214 del Informe del Tribunal Constitucional al Congreso Nacional, 1999).

ACTO ILEGÍTIMO DE AUTORIDAD

Es aquel que proviene de acto decisional y que produce un efecto lesivo inmediato sobre los derechos civiles, personales, políticos, sociales, culturales o económicos de una persona o de una colectividad.

La ilegitimidad proviene de distintas causas y adopta diversas formas: Puede hacer referencia al ilegal ejercicio de una atribución no otorgada por ley expresa o mandato (Art. 119 Constitución), en cuyo caso nos enfrentamos a un exceso o abuso de poder más allá de los límites prefijados (autoritarismo), o puede deberse a la incorrecta aplicación de la norma o falta de aplicación de ella, y en tal caso estamos ante un uso inadecuado de poder (arbitrariedad).

El acto ilegítimo de autoridad para ser requerido en el trámite protectivo que implica medidas urgentes tendientes a impedir o altera sus consecuencias, debe reunir dos requisitos que los diferencien del exigible por trámite administrativo o judicial común: la violación actual o potencial de los derechos consagrados en la Constitución o en instrumento internacional vigente; y, la inminencia del daño grave que ocasione.

Estos requisitos deben ser detallados por el accionante y no simplemente enunciados, ya que ellos son los que justifican la adopción del amparo.

El título III de la Constitución en 5 capítulos refiere los derechos fundamentales amparados y que son. Objeto de garantía.

¿Qué es amenaza inminente de un daño grave? El peligro realmente sobreviviente de que el acto u omisión impugnada provoque lesión profunda que amenace la vigencia integral del derecho o derechos requeridos de tutela, lo cual justifica la adopción de medidas urgentes e inmediatas por el juez para cesar, evitar o remediar tales consecuencias.

El agravio es aquel acto u omisión que provoca directamente un daño o menoscabo patrimonial o inmaterial a una persona, quien está facultada a demandar su reparación. El perjuicio es una ofensa a los derechos e intereses de una persona. Cualquiera de ambas cualidades, pueden ser invocadas por el accionante, de conformidad con el artículo 52 de la ley de Control Constitucional.

Los derechos normativizados que estipula la ley tienen otro carácter distinto, el cual proviene de las relaciones sociales que regulan. Su contenido es litigioso y requiere un .tratamiento procesal probatorio y resolutivo. Algunos de ellos sin embargo, tienen un carácter tutelar y por eso están contemplados igualmente en la Constitución.

G. Avilés # 520 entre Luque y Aguirre
1er. piso Of. 103
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